La Delegación del Gobierno valenciana ha multado a una decena de ‘indignados’ por las manifestaciones y actos en entidades bancarias protagonizados en mayo y junio.
La cuantía de las sanciones son de hasta 601 euros si son leves, entre los 601 y los 6.010,12, si se consideran graves, y pueden alcanzar los 600.000 euros si se tipifican como muy graves. El departamento dirigido por Ana Botella da la posibilidad de acabar con el procedimiento administrativo y evitar así multas mayores si el sancionado abona 301 euros.
En torno a diez personas –aunque, conforme avance el mes, la cifra podría llegar a la veintena- que participaron en acciones ‘indignadas’ ya han recibido sus correspondientes sanciones, y tienen un plazo de 15 días para presentar las alegaciones. Además, en el Puerto de Sagunto han abierto un expediente administrativo a un joven que protestó en el interior de una sucursal del BBVA.
Según informa Levante-EMV, la Delegación del Gobierno acusa a un ‘indignado’ de "originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal" –faltas tipificadas en el artículo 23-n de la Ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana-. En otros casos se acusa a las personas que han recibido notificaciones de resistencia o desobedencia a la autoridad.
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